México el Desorden, una delgada línea entre la Seguridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública.
Entre los temas de mayor interés para el ciudadano común, aquél que se encuentra muy lejos de los beneficios que abarrotan los discursos oficiales, es el de la falta de seguridad, pero:
¿Qué tipo de seguridad es la que demanda el ciudadano mexicano y cuál es el tipo de seguridad que debe ejecutar el Gobierno?
Debemos recordar que en su momento; el vocablo Derechos Humanos, alcanzó una especie de boom en la década de los noventas y principios del actual milenio, originando transformaciones al marco legal hasta llegar a la más importante de todas las reformas en México, cuando el Presidente Felipe Calderón promulgó la Reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, que modifica 11 artículos con el objetivo de ser congruentes con los compromisos internacionales asumidos por México.
A partir de ese momento; México ha vivido la mayor ampliación de los derechos de las personas en el marco jurídico, de ahí que afirmamos que es la reforma más relevante que se ha hecho en el primer capítulo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con las modificaciones, se pone en el centro a la persona y se cierra la discusión jurídica sobre el alcance de las garantías individuales.
De igual forma en materia de seguridad pública; México, a finales de los años noventas, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y hasta se creó una Policía Federal Preventiva. Pero a pesar de estos esfuerzos, los ciudadanos continuaron con la intranquilidad de caminar por las calles, de abordar un taxi o de acercarse a un policía.
El primer problema de este tema, es la conceptualización del término seguridad pública, al que se le han intentado agregar campos que no le corresponden. La Seguridad Pública, es la función a cargo del Poder Ejecutivo, mediante la cual, a través de acciones efectivas de información, disuasión y actuación firme, se logra la prevención de conductas delictivas, garantizando con ello, la tranquilidad e integridad de cada uno de los integrantes de la sociedad. Esta función forma parte de todo un sistema penal, que involucra diversos sectores y a los tres poderes de la Unión, en el afán de combatir el delito y castigar a sus autores.
La Seguridad Pública es tan sólo una de las funciones concretas que tiene a su cargo el Ejecutivo para prevenir los delitos, más no la única.
La educación, es uno de los medios por excelencia para introyectar normas y valores a las personas para alejarlas del delito. Pero ¿qué sucede cuando en una Nación los gobernantes son los primeros en poner el ejemplo de las conductas ilícitas? ¿Cuántas veces hemos presenciado saqueos a las arcas de la Nación por parte de gente que se aprovechó del poder y que nunca fue sancionada? ¿Qué podemos esperar de la concepción de los mexicanos cuando las dos televisoras más grandes se disputan el auditorio a base de programas que hacen una auténtica apología del delito?
Luego entonces podemos advertir que el tema de la Seguridad Pública, tiene diversas aristas. Y es el momento en que debemos preguntarnos si las acciones que ha emprendido el gobierno, realmente están dirigidas a este ámbito, o a uno diverso y riesgoso. Me refiero al tema de la Seguridad Nacional, la cual se entiende como la acción del Estado destinada a garantizar la consecución y salvaguarda de los objetivos nacionales, a pesar de los antagonismos internos o externos, que existan o que puedan existir. Como se ve, el contenido de la Seguridad Pública y de la Nacional, son muy distintos, porque en el primero, el objeto de protección es el ciudadano, mientras que en el segundo, lo es el Estado Nación.
La Doctrina de la Seguridad Nacional tiene sus orígenes en la necesidad que el gobierno tiene de evitar problemas en la conducción del país. En el caso mexicano, el primer antecedente de la existencia de un mecanismo de Seguridad Nacional, lo fue el Departamento Confidencial creado en el año de 1929; mismo que en el año de 1938 pasó a ser la Oficina de Información Política y en 1942 el Departamento de Investigación Política y Social.
El momento más álgido de la Seguridad Nacional en nuestro país, lo encontramos en el año de 1941, cuando el entonces Presidente de la República, General Manuel Avila Camacho, envió una iniciativa al Congreso de la Unión, que adicionaba el delito de espionaje en tiempos de paz y creaba, en el artículo 145 del Código Penal, el tristemente célebre delito de disolución social.
La Segunda Guerra Mundial amenazaba naciones y la invasión Nazi tenía que ser rechazada por las democracias americanas. Luego de la Segunda Guerra Mundial vendría lo que se llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS y lo que se pretendió combatir, fue la presencia del socialismo en nuestro Continente.
En la década de los 60´s 70’s y 80´s, prólija en movimientos guerrilleros, se creó la Dirección Federal de Seguridad, entre cuyas funciones se encontraba la de analizar e informar de hechos relacionados con la seguridad de la Nación. La policía política llegó a su fin, cuando su Director, acusado de narcotráfico por el valiente periodista Manuel Buendía y se ordenó su asesinato, al mismo tiempo, asesinarían al agente de la DEA Kiki Camarena. Pero la historia de los organismos de investigación no quedó ahí. La desaparecida dirección cedió su lugar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, el cual tenía como atribuciones, el establecer y operar un sistema de investigación e información para la seguridad del país; recabar y procesar la información generada por el sistema señalado, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes; realizar los estudios de carácter político, económico y social que se relacionen con sus atribuciones; realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos de interés nacional y las demás que le confieren otras disposiciones. Esta fue catalogada por algunos políticos y periodistas, como la policía política de México.
El primer error histórico llega cuando al crear a la Policía Federal Preventiva PFP, se nombra como al segundo de abordo, nada más ni nada menos que quien era segundo de abordo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN.
Dentro de las atribuciones de esta nueva Policía Federal, se encontraban el garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos; vigilar los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los espacios urbanos considerados como zonas federales, inmuebles e instalaciones dependientes de la Federación, así como obtener, analizar y procesar información.
Esta nueva corporación, al igual que el CISEN, por naturaleza jurídica eran organismos desconcentrados que pertenecían, en subordinación, a la Secretaría de Gobernación, la dependencia que lleva las riendas de la Política Interior de México, por lo que era evidente que esta corporación, no se apuntalaba al sistema de seguridad pública, sino que se fortalecería el control político. CISEN, PFP e Inteligencia Militar, eran los conductos del Gobierno que le permitían tener una información privilegiada para actuar en consecuencia.
Al no apostar por el fortalecimiento de las instituciones policiales desde lo subnacional; es decir desde los municipios y los estados que integran la federación, los ciudadanos seguían acostumbrándose a la nota roja, a aumentar al trauma de la crisis económica el de la inseguridad y a tomar precauciones, tanto para evitar encontrarse con un delincuente o con un elemento político-policiaco.
La administración del Presidente Ernesto Zedillo no pudo comprender que lo que se demandaba por parte de la ciudadanía, era la seguridad pública, no la seguridad nacional, porque ésta última, fue usada en lugar de combatir el delito federal y delitos del fuero común, al combate de la disidencia y acotó los derechos políticos de los ciudadanos, situación intolerable en un régimen democrático. Y no solamente esto, sino una revisión integral de todo el sistema penal que estaba intencionalmente construido para hacer del derecho penal, un instrumento de marginación social y por seguir esa ruta, fue uno de los tantos detonadores que ni siquiera la labor de inteligencia podrá prevenir.
El inicio del año 2000 fue un cambio para México; dejo de gobernar un partido hegemónico, el PRI y toma el poder el Partido Acción Nacional con Vicente Fox a la Presidencia y con él llega la gran reforma en la materia, crear la Secretaria de Seguridad Pública Federal SSP, por lo que la PFP sale de la adscripción de Gobernación para ir a la SSP.
El primer Secretario de esa dependencia al inicio del gobierno del Presidente Vicente Fox, es el actual Fiscal General de la República, el Dr. Alejandro Gertz Manero, el Procurador General de la República era el General Macedo de la Concha, el Secretario de Gobernación era Santiago Creel, el Subsecretario de Gobierno era Ramón Martin Huerta quien después sería Secretario de Seguridad Publica en sustitución del Alejandro Gertz y el Director General del Cisen que era Eduardo Medina Mora quien llegaría a ser el tercer Secretario de Seguridad Publica tras la lamentable muerte de Ramón Martin Huerta al estrellarse en el helicóptero en que viajaba, posteriormente ya en el gobierno de Felipe Calderón Eduardo Medina Mora seria Procurador General de la Republica, embajador de México en el Reino Unido, embajador de México en los Estados Unidos de América y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox; la seguridad interior en su división civil fue el único gobierno que pudo bajar los índices de inseguridad que tenía el país cuando recibió el gobierno tras la salida del PRI y la administración del Presidente Ernesto Zedillo. Es el único gobierno que pudo enfrentar la violencia sin que subieran las muertes y que no culpaba a los gobiernos del pasado, simplemente se puso en marcha la estrategia y se empezaron a fortalecer las instituciones con una proyección de corto, mediano y largo tiempo. En el corto tiempo pudo sostener estos índices inclusive año y medio después de que terminó el gobierno de Fox e iniciaba el de Calderón. ¿Qué quiere decir esto? que la estrategia que se planteaba fue una estrategia que no se le dio seguimiento y continuidad en diversos rubros, con Calderón se tomó la idea de apoyarse en las fuerzas armadas en lo que se fortalecía a la policía federal y se fortalecían las policías estatales y municipales, al tiempo de modernizar a la procuradurías federal y estatales e impulsar nuevas reformas en materia de Derechos Humanos y en materia de seguridad y justicia penal, cambiando el sistema penal que estaba completamente rebasado, en esos años, precisamente, sale el Documental Presunto Culpable un largometraje documental realizado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y en los Tribunales de Justicia que narra la historia de José Antonio Zúñiga y su lucha en contra del Sistema Penal y Judicial mexicano.
El abogado de Jose Antio Zuñiga fue Rafael Heredia, audaz y resuelto abogado que dio un grito contra la corrupción e ineptitud del sistema de justicia mexicano.
Muchos construimos y aportamos desde nuestra trinchera diversos elementos para que el Sistema de Seguridad y Justicia Penal en México cambiara y evidenciamos las fallas del sistema de procuración e impartición de justicia, por lo que estoy muy contento de haber servido a mis país en tantos cargos como lo he hecho, y estoy muy orgulloso de haber podido ser Asesor Jurídico y de Asuntos Especiales de dos Secretarios de Seguridad Publica y haber podido así servir a México, pero de lo que realmente me siento más orgulloso, es el haber podido aprender e interactuar con muchas personas nacionales y extranjeras que fueron muy importantes para mi en la búsqueda de un mejor sistema, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, peligros, el tiempo con mi familia, arriesgar también sus vidas, mi honor, todo se puso en la balanza y afortunadamente salimos adelante, el sistema nuevo de justicia penal que hoy nos rige transformo gran parte de las estructuras y quedo atrás el antigüo sistema, un sistema lastimado, que estaba viejo, arcaico y agotado, por eso, estoy convencido de que hoy es el tiempo de redireccionar el rumbo.
Y claro que estamos viviendo una época muy distinta, y las circunstancias son diferentes, pero se deben recuperar las grandes acciones que se hicieron y algunos elementos que todavía se deben de considerar para tener certidumbre y destino de los objetivos para una nueva estrategia.
La ausencia de metodologías de investigación criminal adecuadas y la ausencia de juicios públicos que permitan evaluar el trabajo de ministerios públicos y policías son los factores que más fragilizan nuestro sistema de justicia penal.
México debe contar con un procedimiento judicial público y auditable por los ciudadanos y el hecho de que esta publicidad sería insuficiente para elevar la calidad de la investigación policial. Además de juicios públicos hace falta en México crear contenidos que definan la forma en que la policía debe de comportarse durante procedimientos de rutina. En México, por regla general, se detiene en supuesta flagrancia, se acusa sin pruebas confiables y se condena en la mayoría de los casos en juicios prácticamente secretos. Este patrón, sumado al hecho de que las instituciones de justicia son especialmente permeables a la corrupción, explica la alta tasa de impunidad y la alta probabilidad de condenar inocentes. La injusticia, por tanto, cubre todas las superficies de la moneda y afecta tanto a víctimas como a acusados, por lo que si queremos mejorar la forma en que se comporta la policía hay que regular y estandarizar los procedimientos que rutinariamente utiliza: cuando ingresa a un domicilio, cuando arresta a un ciudadano, cuando interroga a una persona, cuando se le pide a un ciudadano que identifique a otro.
El gobierno de Enrique Peña Nieto comete el gran error de no dar continuidad al proyecto y estrategia de Seguridad Pública Nacional y de llevar nuevamente a la Policía Federal a la Secretaria de Gobernación, una decisión que terminó por incrementar la ola de violencia e incidencia delictiva en México al final de su sexenio.
El gobierno de Enrique Peña Nieto heredó un proyecto que estaba en pleno desarrollo, y decidió abandonarlo. El sexenio comenzó con la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, colocando a la Policía Federal al interior de la Secretaría de Gobernación y la política de seguridad se subordinó a objetivos políticos, y la corporación y sus procesos de desarrollo fueron abandonados. La supuesta Gendarmería quedó en una simulación, pues se construyó canibalizando al resto de las divisiones. Todo porque el presidente se había comprometido con su creación, es decir, se cumplió con un capricho para tener una nueva división que sirvió únicamente para propósitos de mercadotecnia, en detrimento de toda la corporación.
Pero lamentablemente; el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador AMLO, cometió el más grande de los errores y por eso, es el gobierno que a pesar de no haber concluido, ya rebasa las cifras de muertos, desaparecidos y además existe una incidencia delictiva incierta, ya que existe mucha cifra negra (ciudadanos que no denuncian) y alteraciones en la información dese los reportes policiales y de las fiscalías.
La estrategia de AMLO canceló para el país cualquier opción civil en materia de seguridad, con consecuencias, desde luego, en materia de seguridad, pero también con consecuencias políticas muy graves.
Terminar de destruir a la Policía Federal es, de hecho, una claudicación política. El gobierno de López Obrador manda el mensaje claro de que no es capaz de rescatar a la principal policía del país, y que el concepto mismo de policía no es bienvenido en su proyecto político.
Prefirió darle facultades constitucionales de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, a pesar de que en ninguna otra democracia se utilizan a los soldados para prevenir e investigar delitos.
Pero además se añaden el creciente control militar sobre policías locales, y se le otorgaron labores de reforestación, constructores de obra pública, atender a la población en casos de desastre, construir y administrar el nuevo aeropuerto, repartir libros, medicinas, resolver la problemática del sargazo, y la lista de atribuciones continua y es enorme y por lo tanto, es necesario resaltar que la militarización no sólo implica la destrucción de corporaciones civiles, sino también el abuso y maltrato de las propias Fuerzas Armadas. Y si esta opción militar fracasa ¿Qué seguirá? Una pregunta sin respuesta.
La construcción, desarrollo y fortalecimiento de las instituciones policiales desde lo subnacional quedo paralizada y hoy definitivamente es un camino largo y sinuoso.
La experiencia lo ha demostrado, la construcción de la Policía Federal, pasando por la Secretaria de Gobernación, luego hacia una dependencia especializada en Seguridad Pública y sobre todo durante el sexenio del presidente Calderón, fue un proceso muy costoso, económica y políticamente, por ello es importante recordar que, además de la construcción institucional en el ámbito federal, se diseñó también un modelo de policía a nivel nacional que establecía estándares, mecanismos, procesos y protocolos para construir capacidades policiales también en el ámbito local.
La Policía Federal se consolidó bajo un nuevo modelo de policía basado en tres ejes: desarrollar las capacidades humanas de los policías, construir infraestructura tecnológica y ejercer facultades de investigación e inteligencia. De esta manera, se organizó en seis divisiones, incluyendo las de investigación, inteligencia y científica, que fueron centrales para transformar la operación policial, pasando de un modelo meramente reactivo, a uno preventivo basado en el análisis delictivo.
A pesar de que, en el discurso de AMLO y de su Secretaria de Seguridad, manifiestan que han apoyado a policías locales, todo indica que no es así. Llevar a las fuerzas armadas o la Guardia Nacional a esa localidades no es apoyarlas, apoyarlas seria darles equipo, presupuesto, cursos de profesionalización y potencializar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La realidad es que los presupuestos para el desarrollo policial en municipios y en los Estados han disminuido y se continúa otorgando el mando de corporaciones locales a elementos de las Fuerzas Armadas. Además, no existe incentivo alguno para los gobernadores y presidentes municipales en desarrollar cuerpos policiales, dada la supuesta disponibilidad de la Guardia en todo el país, un circulo vicioso que por conveniencia política, nadie quiere romper.
La vía para construir una verdadera seguridad pública en democracia es la vía civil y esto significa la construcción de instituciones policiales honorables y eficaces.
Cabe aclarar que, derivar de esta postura es un menosprecio a las Fuerzas Armadas, es un absurdo. Por el contrario, debido a su muy bien ganada acreditación social, resulta particularmente injusto el abuso que representa continuar con una evasión de responsabilidades que corresponden al ámbito civil, e insistir en delegar a las Fuerzas Armadas funciones que no les corresponden, a las fuerzas armadas les toca la SEGURIDAD NACIONAL y la SEGURIDAD INTERIOR.
La consolidación de un proyecto de seguridad pública requiere de tiempo y de una inversión de recursos que trasciende periodos electorales y proyectos políticos.
Las decisiones que se han tomado en el gobierno del presidente López Obrador han implicado una destrucción institucional que lamentamos, se perdió a la mejor policía que tenía el país, se abandonaron a las policías estatales y municipales, y estamos perdiendo un proyecto civil de Seguridad Pública, porque siguen sin entender la diferencia con la Seguridad Nacional y a la Seguridad Interior, esta confusión y pérdida institucional, debilitó al Estado y a la democracia.
Al tener este desorden institucional; no se combate adecuadamente a la delincuencia común y no se hace frente al crimen organizado trasnacional que cada vez es más violento afectando la seguridad nacional al emplear estrategias de terrorismo.
El gobierno federal en vez de corregir la estrategia; trata de minimizar el problema, cuando estos hechos son más preocupantes y por lo tanto, sigue sin nombrar las cosas como son, actos terroristas. Si se tiene equivocado el diagnostico se tendrá equivocada la estrategia.
Lo anterior genera que no se tomen las medidas necesarias para poder prevenir y/o hacer frente a este tipo de amenazas que son reales y que afectan a la seguridad nacional y la Seguridad interior.
Debemos entender a la Seguridad Interior como la “Condición necesaria que proporciona el Estado para el desarrollo de la Nación, mediante el mantenimiento del Estado de Derecho”.
Es una vertiente de la Seguridad Nacional, es la condición necesaria que proporciona el Estado para el desarrollo de la nación, mediante el mantenimiento del Estado de Derecho. La Seguridad Interior tutela a las instituciones democráticas y el orden constitucional. Ambas funciones, la Defensa Nacional y Seguridad Interior, requieren conceptualizarse jurídicamente, ya que ninguna se encuentra específicamente definida en algún ordenamiento legal. Disponer del marco que las legitime dará certidumbre legal y administrativa, a instituciones militares y civiles.
Esta concepción por demás ambigua genera confusión, por entrar en colisión con las definiciones y, en especial, los fines de la seguridad nacional y de la seguridad pública, así como por los instrumentos de política pública al que se la vincula.
El mantenimiento del Estado de derecho, como condición necesaria que proporciona el Estado para el desarrollo de la nación, se erige en el elemento central del concepto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acuña sobre seguridad interior. En rigor, garantizar el Estado de derecho es un componente de la seguridad nacional y tal vez por ello la propia Sedena conciba a la seguridad interior como una vertiente de aquella.
Debe reconocerse, sin embargo, que la vigencia del Estado de derecho puede ser cuestionada por la perturbación del orden y la tranquilidad pública. En este marco, como se pone de relieve, el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR o en ingles The International Committee of the Red Cross (ICRC); reconoce que suele haber una zona gris, entre la guerra y la paz, caracterizada por disturbios y tensiones internas. En general, se trata de situaciones de violencia interna y emergencia pública, que suelen causar grave inestabilidad política y social y quebrantamientos sistemáticos de los derechos humanos.
En materia de seguridad, los países con mayor tradición democrática se caracterizan por evitar ambigüedades; esto es, las definiciones no deben dejar lugar a dudas o confusiones, puesto que la claridad de conceptos es el mejor antídoto ante abusos del poder público o posibles violaciones de los derechos humanos.
En México se debe trabajar en ello; ya que difícilmente se pueda hablar de certeza jurídica; esta omisión, contribuye, significativamente, a generar confusión entre las categorías de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Esto entraña un riesgo para la preservación de los derechos fundamentales, al generar estados de excepción de facto de la mano del uso intensivo del componente militar, cuyas actuaciones suelen ir acompañadas por el quebrantamiento de los derechos humanos.
Lo primero que debe ponerse sobre la mesa es que las Fuerzas Armadas, tienen responsabilidades legales que deben considerarse simultáneamente como de seguridad nacional y de seguridad pública y bajo ninguna circunstancia están operando en un vacío legal. Las leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras, prevén que el Ejército y la Marina realicen actividades que legal y prácticamente implican combatir de manera directa al menos a los grupos criminales más poderosos. Incluso contando con las policías idóneas, las fuerzas armadas cuentan con atribuciones y responsabilidades muy bien definidas que, independientemente de que se clasifiquen como de seguridad nacional, pública o interior, implican un combate directo a los grupos que amenazan la seguridad de las personas en México, cuando no a las instituciones del Estado.
Cabe señalar que en los países con mayor tradición democrática sólo se reconocen dos categorías de seguridad: la nacional (de carácter Estado-céntrico, y en la que se inserta la defensa nacional) y la interior o pública, también denominada ciudadana (de naturaleza ciudadano-céntrica). Sólo de manera excepcional y mediante la declaratoria del estado de excepción, sitio o emergencia, el Poder Legislativo puede autorizar al titular del Poder Ejecutivo la participación de las fuerzas armadas en misiones y funciones vinculadas con esta última.
Incluso, cuando los militares y marinos de países de alto grado de desarrollo relativo intervienen en el ámbito de la seguridad pública, ajustan sus reglas de enfrentamiento a protocolos de actuación, recurren a sistemas de armas menos letales y someten a los efectivos destinados a dichas funciones a un proceso de reconversión profesional.
El CICR acepta que en situaciones excepcionales el Estado tiene el derecho de recurrir a las fuerzas armadas en auxilio a las autoridades civiles. Se trata de una respuesta excepcional y temporal que, en cualquier caso, debe contar con la autorización del Congreso, en un sistema político en el que los contrapesos pavimentan el camino de la democracia.
Dicho lo anterior; en México, se debe actualizar la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), dado que presenta una confusión de elementos de seguridad nacional propiamente dicha con aspectos relativos a la inteligencia nacional, incluyendo el estatuto del personal que se desempeña en la Agencia Civil de Inteligencia de México. Lo recomendable sería contar, por un lado, con una Ley de Seguridad Nacional y, por otro, con una Ley de Inteligencia Nacional.
Por su parte, la LGSNSP no ha dado respuesta a la principal preocupación y demanda ciudadana, al fracasar el Sistema Nacional de Seguridad Pública creado en 1995. Esto obligaría a repensar la estructura organizacional y mecanismos de coordinación en la materia y, en especial, el tratamiento reservado a aquellos jóvenes que deciden abrazar la carrera ministerial, pericial y policial como proyecto de vida.
En segundo lugar, se debe debatir y sancionar una Ley de Inteligencia Nacional y una Ley de Defensa Nacional. Tal como se acaba de poner de relieve, en una democracia el tratamiento reservado a la inteligencia nacional impondría una ley específica que debería contemplar la comunidad de inteligencia, el ciclo de inteligencia, los niveles de inteligencia y los centros de fusión.
Una Ley de Defensa Nacional regularía las relaciones civiles-militares, a partir de la diferenciación y separación de las dimensiones política (toma de decisiones y burocracia) y técnica (fuerzas armadas, escalón de ejecución).
Asimismo, es necesario establecer las misiones y funciones de las fuerzas armadas, esto impondría el necesario proceso de reforma militar que evite la multiplicidad y dispersión de sus actuaciones. Es mejor dominar algunas funciones más que ser mediocres en muchas.
Se debe desarrollar un nicho de especialidades; en el cual se aspira a lograr estándares elevados en un área y apostar por el servicio civil de carrera, lo que traería aparejado reformar el artículo 123, apartado B, fracción XIII, que da al traste con la seguridad y estabilidad de los agentes de Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones policiales y, por tanto, deja sin efecto la carrera ministerial, pericial y policial.
Cada día surgen nuevos riesgos y amenazas que afectan a la Seguridad Nacional, algunos procedentes de la naturaleza y muchos otros de la mente humana. Aunque se suelen mencionar riesgos y amenazas como el terrorismo, los ciberataques o el crimen organizado, realmente la lista es mucho más larga y compleja de abordar.
La cooperación, a nivel nacional y multilateral, es la respuesta a los riesgos y amenazas que perjudican la seguridad ciudadana e internacional. De esta manera, se pueden abarcar todos los aspectos realmente afectados, puesto que las respuestas unilaterales y aisladas no son eficaces en escenarios multidisciplinares cuya acción debe ser conjunta.
La Seguridad Nacional es un servicio público y por tanto es objeto de una Política de Estado. Es una labor en la que todos debemos estar comprometidos.
Debemos evitar que en México siga predominando la inercia, el desorden, la improvisación, que se transforma en un desperdicio de recursos, en violación a los derechos humanos, violencia e impunidad.
En los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos dos años; si no construimos políticas sustentadas en datos, en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y este gobierno pasará la historia como el más violento del país.