Ocupa México tercer lugar en crimen organizado.
Este informe global sobre el crimen organizado, sostiene entre otras cosas que México es el tercer país con mayor presencia e influencia del crimen organizado en las estructuras políticas, económicas y sociales, sólo lo superan Myanmar y Colombia, cuyo crimen organizado, por cierto, tiene amplios vasos comunicantes con el de México.
El informe destaca que el crimen organizado ha trascendido el narcotráfico y abarca la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas, la extorsión, la minería ilegal, los delitos cibernéticos y la piratería.
En México peligra la seguridad nacional por la expansión de los principales cárteles (el informe destaca al CJNG, el de Sinaloa, el del Noreste y la Familia Michoacana) que operan como poderes paralelos, afectando la gobernabilidad y la seguridad.
El crimen organizado ha trascendido al narcotráfico y abarca la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas, la extorsión, la minería ilegal, los delitos cibernéticos y la piratería. Habrá que añadir su participación cada vez más en actividades terroristas y el otro fenómeno de interés será analizar cómo también organizaciones terroristas realizan actividades del crimen organizado para aumentar sus recursos.
Los principales cárteles (el informe destaca al CJNG, el de Sinaloa, el del Noreste y la Familia Michoacana) operan como poderes paralelos, afectando la gobernabilidad y la seguridad, lo que demuestra que las instituciones débiles, la corrupción y la impunidad agravan el problema, al tiempo que el control de las cárceles por parte de los grupos criminales y la infiltración en instituciones públicas dificultan la respuesta estatal.
El informe describe cómo esta violencia, amenaza a la seguridad pública, frena el crecimiento económico y erosiona la integridad de las instituciones públicas, lo que afecta también la esfera de la seguridad nacional.
La incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, la extorsión desenfrenada y la inseguridad generalizada incrementan los costos de transacción para las empresas, socavando la competitividad.
Además, el desvío de recursos de seguridad pública de servicios esenciales como la salud y la educación supone una carga para países que ya enfrentan un alto nivel de deuda y desafíos fiscales.
Por lo que es necesario generar más estudios a largo plazo a fin de orientar la acción gubernamental, ya que la ausencia de estudios periódicos y comparables dificulta el desarrollo de políticas eficaces.
