DESAJUSTE ONTOLÓGICO DE LA ONU ANTE EL DESORDEN MUNDIAL: SÁHARA OCCIDENTAL

DESAJUSTE ONTOLÓGICO DE LA ONU ANTE EL DESORDEN MUNDIAL: SÁHARA OCCIDENTA

Existe un profundo desajuste ontológico de las Naciones Unidas ante el desorden mundial; donde las viejas estructuras estatocéntricas se resisten a morir y las nuevas no terminan de nacer y en ese espacio, transitamos ante un interregno (Gramsci), en el que surgen sistemas mórbidos en la que la fluidez de las amenazas del siglo XXI, en plena modernidad líquida (Bauman) superan las estructuras rígidas de 1945.

Esta dualidad exige transitar hacia un Derecho Adaptativo basado en la Seguridad Humana, logrando equilibrar la soberanía del Estado con la flexibilidad necesaria para proteger a las personas.

Ante la parálisis política y el recurrente uso del veto en el Consejo de Seguridad, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, impulsó un profundo rediseño operativo y estructural de la organización para el siglo XXI, cuya estrategia de modernización se articula a través de tres pilares interconectados: la Iniciativa ONU80, el modelo conceptual ONU 2.0 y la adopción de la resolución A/RES/80/251 de la Asamblea General misma que dota de fuerza jurídica y legitimidad política a la revisión de mandatos planteada en la Iniciativa ONU80.

A través de esta arquitectura técnica y jurídica, el Secretariado General busca que la parálisis geopolítica de los órganos principales (como el Consejo de Seguridad) no detenga la operatividad ni la relevancia del sistema multilateral en las crisis humanitarias y de desarrollo.

Con este de Blindaje Normativo se vincula directamente las reformas operativas de la organización con los principios del Derecho Internacional Humanitario frente a los desafíos modernos de la seguridad global. Al integrar la Cláusula Martens dentro de la estrategia de la Iniciativa ONU80 y la resolución A/RES/80/251, el enfoque pasa de ser una respuesta reactiva a consolidarse como una prevención humana robusta.

Es importante señalar que la inclusión de este principio histórico en los esfuerzos de modernización aporta un marco ético y legal clave para superar los vacíos institucionales:

• Cobertura de vacíos legales en guerras híbridas: Las amenazas contemporáneas (como los ciberataques a infraestructuras críticas, la desinformación masiva organizada o el uso de armamento autónomo con IA) a menudo operan en zonas grises de los tratados internacionales existentes. La Cláusula Martens establece que, a falta de leyes específicas, las poblaciones civiles e involucradas quedan protegidas por los principios del derecho de gentes, las leyes de la humanidad y los dictados de la conciencia pública.
• Transición hacia la prevención humana robusta: En lugar de esperar a la ratificación de nuevos tratados internacionales (proceso frecuentemente obstaculizado por la parálisis política de las grandes potencias), el modelo utiliza este blindaje ético para justificar la acción preventiva e inmediata de las agencias de la ONU en el terreno.
• Legitimidad operativa ante la parálisis del Consejo de Seguridad: Al ampararse en las “leyes de la humanidad”, el Secretariado General y la Asamblea General (a través de la resolución A/RES/80/251) ganan un respaldo normativo intrínseco para intervenir en crisis humanitarias complejas, argumentando que la inacción política no puede dejar desprotegida a la condición humana.

En ese orden de ideas; el conflicto del Sáhara Occidental representa una de las disputas territoriales más prolongadas e irresueltas de la política internacional contemporánea.

Clasificado por las Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, su evolución histórica está marcada por cuatro momentos clave:

• El periodo colonial (1884-1975): España ejerció el dominio del territorio bajo el nombre de Sáhara Español hasta que la presión internacional y el nacimiento del Frente Polisario (1973) forzaron los Acuerdos de Madrid en 1975, cediendo la administración a Marruecos y Mauritania de forma unilateral.
• El éxodo y la guerra (1976-1991): La ocupación marroquí provocó el desplazamiento de aproximadamente 50,000 saharauis hacia la provincia argelina de Tinduf, donde se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El conflicto armado subsiguiente concluyó en 1991 con un alto el fuego tutelado por la ONU.
• El impasse de la MINURSO (1991-2020): Establecida mediante la Resolución 690 del Consejo de Seguridad, la misión nació con el encargo explícito de organizar un referéndum de autodeterminación. Discrepancias insalvables sobre el censo de votantes congelaron la consulta indefinidamente.
• La ruptura del statu quo (2020-2026): En noviembre de 2020, los incidentes en el paso fronterizo de Guerguerat rompieron formalmente el alto el fuego, devolviendo a la región a un estado de guerra de baja intensidad controlado únicamente por los observadores de los Cascos Azules.

La parálisis y posterior extinción de la MINURSO se materializó entre el 30 y el 31 de octubre de 2026; a raíz de una fractura geopolítica entre las potencias con veto, en el que Estados Unidos impulsó un borrador favorable al plan de autonomía marroquí que reducía el peso del referéndum, motivando el veto de Rusia.

En ese sentido; la contrapropuesta rusa para prorrogar la misión, tampoco prosperó por la abstención occidental, lo que condujo a la evacuación del personal civil y militar a partir del 1 de noviembre.

Ante este nuevo escenario; es importante analizar las implicaciones críticas para Europa y para España, como el Colapso del Sector Pesquero Canario-Andaluz y el TJUE; toda vez que la anulación previa de los acuerdos pesqueros de la UE con Marruecos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deja a las flotas españolas sin base legal para faenar en la zona al desaparecer la supervisión de la ONU [TJUE], tipificándose las capturas como pesca ilegal (INDNR).

En ese orden de ideas; la combinación de la desaparición de la MINURSO y la estricta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) —que en sus sentencias definitivas de finales de 2024 invalidó los acuerdos de pesca con Marruecos por incluir aguas del Sáhara Occidental sin el consentimiento saharaui— destruye la seguridad jurídica del sector [TJUE]:

• Expulsión definitiva de los caladeros: Los barcos españoles (principalmente artesanales de Canarias y de cerco de Andalucía) pierden cualquier base legal para faenar en las ricas aguas saharauis. Marruecos no puede expedir licencias válidas ante la UE, y cualquier captura en la zona es calificada de “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” (INDNR), bloqueando su entrada a puertos europeos.
• Quiebra y desguace de barcos: Al no existir un acuerdo político de transición que la ONU pueda tutelar en el terreno, las ayudas europeas por parada forzosa se agotan. Esto empuja a decenas de armadores al desguace definitivo de sus embarcaciones, destruyendo miles de empleos directos e indirectos en municipios portuarios altamente dependientes de la pesca.
• Pérdida de control del Puerto de la Luz (Las Palmas): Este puerto canario, histórico nodo de procesamiento y logística para la flota que faenaba en el banco canario-sahariano, pierde su principal motor económico, desplazándose la actividad hacia puertos marroquíes controlados al 100% por Rabat (como el mega-puerto de Dajla Atlántico).

Por su parte; en cuanto a la dimensión Geoestratégica Militar y Guerra Electrónica; con la retirada de los Cascos Azules, se deja sin amortiguamiento el espectro radioeléctrico ya que el uso de interferencias (jamming) por parte de Marruecos frente al Frente Polisario comporta riesgos colaterales de afectación a las señales de navegación civil en la FIR de Canarias, bajo responsabilidad técnica española.

En ese sentido; incremento del despliegue militar marroquí y el uso intensivo de sistemas de guerra electrónica (jamming) y drones tácticos a las puertas del espacio aéreo español obliga a las Fuerzas Armadas a activar protocolos de contingencia máxima:

• Blindaje electromagnético en Canarias y el Estrecho: El Regimiento de Guerra Electrónica nº 31 (REW 31) del Ejército de Tierra y los sistemas del Ejército del Aire y del Espacio aumentan su despliegue en el archipiélago canario, Ceuta y Melilla. El objetivo es contrarrestar las interferencias marroquíes que afecten a los sistemas de navegación civil (GPS/GNSS) de los aeropuertos españoles e infraestructuras críticas.
• Despliegue de sistemas Anti-UAV (C-UAS): España acelera la instalación de sistemas de interceptación de drones de última generación (como el sistema Crow o sistemas de energía dirigida) en las fronteras de Ceuta y Melilla y en las bases aéreas del sur de la península (Morón, Rota). Esto responde a la necesidad de neutralizar “vuelos de provocación” o de vigilancia no autorizados por parte de drones de fabricación internacional operados por Rabat.
• Activación permanente del Mando Operativo Aeroespacial (MOA): Los cazas Eurofighter y F-18 españoles en las bases de Gando (Gran Canaria) y Morón incrementan sus misiones de policía aérea (QRA – Quick Reaction Alert). Ante la ausencia de observadores de la ONU en el Sáhara, España debe identificar de inmediato cualquier traza de aeronaves o drones que se aproximen a la Línea Internacional de Demarcación de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Canarias, cuyo control técnico sigue estando asignado a España.

De igual forma; otro punto que se debe tener en cuenta es Presión Híbrida Fronteriza y Control Migratorio; toda vez que el control absoluto de Rabat sobre el territorio, incrementa la dependencia de Madrid ante una gestión transaccional de los flujos migratorios y el control fronterizo en Ceuta, Melilla y las islas Canarias.

El desmantelamiento de la MINURSO elimina el “colchón” de contención que evitaba una escalada bélica masiva a las puertas del continente europeo.

Además es importante tener en cuenta que España se enuentra ante un vacío legal y diplomático; toda vez de que la ONU continúa sin reconocer a Marruecos como la potencia administradora del territorio, estatus jurídico internacional que teóricamente sigue recayendo sobre España, por lo que el giro diplomático del Gobierno español de respaldar el plan de autonomía marroquí queda ahora bajo máxima presión; con la ONU fuera del terreno y en la que España pierde la cobertura multilateral de la MINURSO para justificar la estabilidad en la región  y un aumento de las hostilidades en el Sáhara Occidental repercutirá de manera inmediata en el control de las fronteras marítimas y terrestres españolas.

En ese sentido; España y el sur de Europa, también se exponen a crisis migratorias agudas derivadas de los flujos de refugiados y del desplazamiento de poblaciones subsaharianas atrapadas en la zona de conflicto.

Así mismo; debemos tener en el radar que Europa depende críticamente del equilibrio geopolítico en el Magreb, particularmente del gas de Argelia y los acuerdos de pesca y comercio con Marruecos.

La desaparición de la MINURSO rompe los canales de comunicación internacionales directos sobre el terreno, forzando a la Unión Europea a navegar un Magreb hostil e inflamado sin la mediación arbitral de Naciones Unidas.

La posibilidad de que la ONU despliegue una misión de protección humana o mantenga presencia en el Sáhara Occidental, tras el veto cruzado en el Consejo de Seguridad, requiere de habilidad, talento y destreza para utilizar las nuevas herramientas legales con las que cuenta la ONU para tal fin y primeramente, se requiere que Argelia solicite formalmente el apoyo de las Naciones Unidas, pero el alcance de esa ayuda dependerá estrictamente del órgano al que acuda, ya que se topará de inmediato con limitaciones jurídicas y territoriales infranqueables en el Sáhara Occidental tras el fin de la MINURSO.

Derivado de lo anterior; ante el bloqueo del Consejo, la Resolución 377A (V) de la Asamblea General, permite asumir competencias de paz y con el respaldo ético de la Cláusula Martens, por lo que se propone una misión civil no armada emplazada exclusivamente en territorio argelino (Tinduf) y bajo invitación de Argelia, de esta forma, aplicando la Estrategia ONU 2.0 y directrices de eficiencia de la Iniciativa ONU80 [A/RES/80/251, ONU 2.0], la misión sustituye fuerzas armadas de los Cascos Azules por controles biométricos descentralizados y vigilancia satelital conjunta con la Unión Africana como testigo digital perimetral [ONU 2.0].

Al mismo tiempo la ONU puede plantear un Eje Mediador Internacional (México, Brasil y el Sur Global); en virtud de que el impulso diplomático de bloques neutrales donde México y Brasil actúen como puentes para aglutinar al GRULAC y blindar la iniciativa humanitaria en la Asamblea General frente a intereses cruzados.

Luego entonces; para que un Acuerdo Político de Transición prospere en la Asamblea General de la ONU y logre esquivar la parálisis del veto cruzado entre Estados Unidos y Rusia, se requiere una coalición de países mediadores con un peso diplomático específico, respaldada de forma operativa por la Unión Africana (UA).

La configuración de este bloque mediador y el rol de la organización continental se estructurarían bajo los siguientes parámetros:

1. Países mediadores clave en la Asamblea General

Para contrarrestar la influencia de Washington (aliado histórico del plan de autonomía marroquí) y de Moscú (socio estratégico de Argelia en materia militar), el bloque de liderazgo en la Asamblea General tendría que estar encabezado por potencias del “Sur Global” y naciones europeas de perfil neutral:

• Sudáfrica: Es el líder natural para este movimiento en el continente africano. Su peso político en la ONU es incuestionable y mantiene una postura firme e histórica de apoyo a la libre determinación del Sáhara Occidental. Actuaría como el motor político en Nueva York para aglutinar los votos del bloque africano.
• Brasil: Como potencia latinoamericana de tradición diplomática multilateralista y mediadora, Brasil aporta neutralidad geopolítica. Su liderazgo permitiría arrastrar el voto de América Latina y del Caribe, presentando el acuerdo no como un ataque a una de las partes, sino como una resolución de emergencia humanitaria regida por la Cláusula Martens.
• Irlanda y Noruega: Estos dos países europeos gozan de un enorme prestigio internacional en la mediación de conflictos y el cumplimiento del derecho internacional. Al no estar alineados de forma incondicional con los intereses aduaneros o coloniales en el Magreb, servirían como el puente ideal para sumar los votos de aquellos socios de la Unión Europea que buscan cumplir con las sentencias del TJUE sin romper relaciones con Rabat [infocuria.curia.europa.eu].

2. El papel específico de la Unión Africana (UA) como co-garante

La Unión Africana es un actor jurídico fundamental en este diseño, ya que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro pleno de la organización desde su fundación (lo que provocó la salida temporal de Marruecos de la organización durante décadas). Su papel como co-garante en el despliegue de Argelia abarcaría tres funciones críticas:

• Legitimación regional del mandato: La UA actuaría como el organismo co-redactor del mandato junto a la Asamblea General de la ONU. Esto blinda políticamente a Argelia, ya que el despliegue en Tinduf no se presentaría como una base militar extranjera o una concesión unilateral a la ONU, sino como el cumplimiento de una misión de paz y asistencia de carácter panafricano.
• Supervisión y control del Frente Polisario: Al ser la RASD un Estado miembro de la UA, la organización tiene canales políticos y de presión directos sobre el liderazgo saharaui. La UA sería la encargada de garantizar que las milicias del Frente Polisario respeten los límites fronterizos del despliegue y se adhieran a la “ventana temporal” fijada por la cláusula de caducidad del acuerdo político de transición.
• Mecanismo de Alerta Temprana y enlace: Utilizando la arquitectura de paz y seguridad de la UA, el organismo desplegaría observadores militares propios integrados en el equipo tecnológico de la Estrategia ONU 2.0. Estos observadores funcionarían como un canal de comunicación directo con las fuerzas armadas de Marruecos y Argelia para desactivar sobre el terreno cualquier malentendido o escalada bélica provocada por el uso de drones o guerra electrónica en la frontera.

Este equilibrio entre la legitimación diplomática global en la Asamblea General y la ejecución operativa y política de la Unión Africana en el terreno proporciona el único marco de gobernanza capaz de mantener la estabilidad regional bajo un estricto paraguas de legalidad internacional.

Desde luego que México podría intervenir y convertirse en un actor estratégico clave dentro de la coalición de países mediadores en la Asamblea General de la ONU.

La política exterior mexicana cuenta con las credenciales jurídicas, históricas y diplomáticas necesarias para liderar esta iniciativa junto a Brasil, Sudáfrica, Irlanda y Noruega.

La intervención de México en esta alianza se articularía a través de tres ejes fundamentales basados en su tradición multilateral:

1. Legitimidad a través de los Principios Constitucionales (Doctrina Estrada)

La participación de México en un Acuerdo Político de Transición encaja perfectamente con los principios de política exterior consagrados en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

• Solución pacífica de controversias: México tiene una larga historia de rechazo al uso de la fuerza y al estancamiento militar. Al estar bloqueado el Consejo de Seguridad por el veto, México puede justificar su intervención en la Asamblea General como un deber internacional para evitar una guerra abierta en el Magreb.
• La autodeterminación de los pueblos y la no intervención: Históricamente, México ha mantenido una postura de apoyo a las resoluciones de la ONU sobre la descolonización del Sáhara Occidental y reconoce formalmente a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Al mismo tiempo, mantiene una relación diplomática y comercial constructiva con Marruecos, lo que le otorga un perfil de “mediador equilibrado” que busca una solución negociada y no una confrontación.

2. Capacidad de arrastre en América Latina (El eje México-Brasil)

Para esquivar la presión de Estados Unidos en la Asamblea General, la coalición necesita un bloque sólido de votos del Sur Global.

• Un liderazgo conjunto entre México y Brasil blindaría la propuesta en el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC).
• La diplomacia mexicana tiene la capacidad de convencer a las naciones de la región de votar a favor del acuerdo, presentándolo estrictamente bajo un enfoque de emergencia humanitaria (Cláusula Martens) y defensa del derecho internacional, neutralizando así los intentos de Washington de calificar la resolución como un ataque político a los intereses marroquíes.

3. Experiencia en Fideicomisos y Gestión de Paz

México goza de un enorme prestigio en el diseño de mecanismos de mediación complejos:

• Garante de paz: El país ha sido sede y facilitador de procesos de paz históricos (como los Acuerdos de San Andrés o las mesas de diálogo para Venezuela y Colombia).
• Arquitectura financiera: México podría aportar su experiencia técnica para la co-redacción del fideicomiso financiero de la ONU que propone el acuerdo de transición. Su presencia en la mesa de diseño garantizaría que el fondo para el desarrollo de la población saharaui sea transparente y cumpla con los estándares internacionales, ofreciendo una salida jurídica válida frente a las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) [infocuria.curia.europa.eu].

En ese orden de ideas, la incorporación de México no solo es posible, sino altamente recomendable para la coalición; aportaría el peso de la segunda economía de América Latina, una diplomacia constitucional reconocida por su neutralidad y el puente perfecto para consolidar el voto latinoamericano en favor de la estabilidad en el norte de África.

Es decir; si Argelia acude a la Asamblea General (donde no existe el derecho a veto) invocando la histórica Resolución 377A (V) “Unión Pro Paz”, alegando que el fin de la MINURSO pone en riesgo la paz regional, podría lograr apoyos diplomáticos significativos:

La Asamblea General podría votar una resolución que condene las acciones de Marruecos, reafirme el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y recomiende la creación de una comisión de investigación de derechos humanos o el envío de observadores civiles.

Sin embargo; es necesario tener en cuenta que resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, ya que estas carecen de fuerza ejecutiva.

Aunque la Asamblea apruebe enviar observadores civiles para la “protección humana”, Marruecos denegará la entrada de dicho personal al 80% del territorio del Sáhara Occidental que controla de facto, invalidando la misión sobre el terreno de Marruecos.

En ese sentido; sin desplegar personal en el terreno en disputa y provocar a Marruecos, atendiendo que Argelia tiene plena soberanía sobre su territorio, le permite invitar y desplegar cualquier mecanismo de asistencia de la ONU con excepción de Cascos Azules (Se requiere autorización del Consejo) dentro de sus fronteras como:

• Despliegue humanitario inmediato: Argelia puede solicitar formalmente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al Programa Mundial de Alimentos (PMA) o a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) un incremento masivo de personal y recursos en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (suelo argelino).
• Escudo político y de asistencia: Esto blindaría la protección humanitaria y la observación internacional en los campamentos, pero el personal de la ONU seguiría teniendo estrictamente prohibido cruzar el muro de arena marroquí hacia las zonas en disputa.

Es muy importante tener en cuenta que aunque la misión militar (los Cascos Azules) esté en fase de liquidación por falta de presupuesto y mandato, el marco político de la descolonización de la ONU sigue técnicamente abierto y Argelia puede exigir que el Enviado Personal del Secretario General de la ONU continúe con los esfuerzos de mediación política.

No obstante, Marruecos ya ha dejado claro que considera el expediente del Consejo de Seguridad prácticamente cerrado y que solo aceptará discusiones basadas únicamente en su propuesta de autonomía.

En términos prácticos y de derecho internacional, podemos identificar que el único camino legal y viable para mantener una presencia política y de observación de la ONU en la región sin chocar frontalmente con la parálisis del Consejo de Seguridad y con Marruecos es el siguiente:

Si el Consejo de Seguridad retira los Cascos Azules y Marruecos bloquea el acceso a las zonas que controla, el despliegue de la ONU en territorio de Argelia, a petición de Argel y respaldado por la Asamblea General, es la única vía realista para evitar que la protección internacional de la población saharaui quede en un limbo absoluto.

El funcionamiento estratégico y legal de esta vía se desglosa a continuación:

Dado que el Consejo de Seguridad está bloqueado por el veto cruzado, la Asamblea General de la ONU puede asumir la responsabilidad de mantener la paz.

• Superación del veto: Bajo la Resolución 377A (V), la Asamblea General puede reunirse en una Sesión Especial de Emergencia a petición de Argelia y sus aliados.
• Creación del mandato: Aunque la Asamblea General no puede imponer misiones obligatorias en territorio de un Estado que las rechaza (Marruecos), sí tiene plena competencia para autorizar y financiar una misión civil o humanitaria que opere en el territorio de un Estado miembro que la solicita voluntariamente (Argelia).

Al activarse esta vía, la ONU establecería una “Misión Especial de Observación y Protección Humana” con base en la región de Tinduf y las zonas limítrofes bajo soberanía argelina; esto permitiría:

• Blindaje humanitario internacional: Organismos como el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) quienes tendrían un mandato político reforzado de la Asamblea General para proteger a la población de los campamentos, que suma decenas de miles de refugiados saharauis.
• Monitoreo de frontera y crisis de seguridad: Al estar desplegada formalmente en la frontera, la ONU operaría como un “testigo internacional”; cualquier escalada bélica, incursión o crisis de refugiados provocada por el conflicto armado posterior a 2020 sería documentada de primera mano por personal de Naciones Unidas. (Esto sería un despliegue preventivo y al mismo tiempo disuasorio).

Aunque esta fórmula evita el limbo total, el mapa político quedaría fracturado en dos realidades asimétricas, pero protegiendo a las personas que pudieran estar afectadas:

• Efectiva en Argelia: Habrá un despliegue de protección humana legítimo, financiado por la Asamblea General y con acceso total en el lado argelino de la frontera.
• Inexistente en el grueso del Sáhara Occidental: El 80% del territorio en disputa (incluyendo las principales ciudades como El Aaiún o Dajla y la costa atlántica) permanecerá bajo control de facto de Marruecos, ya que al no contar con el visto bueno de Rabat ni con un mandato vinculante del Consejo de Seguridad, la ONU no podrá cruzar el muro de arena y en ese orden de ideas, la población saharaui que vive en las zonas controladas por Marruecos sí quedaría desprotegida por este mecanismo.

Esta vía es la única alternativa para mantener el expediente del Sáhara Occidental bajo el foco de las Naciones Unidas de manera formal y operativa, sirviendo como contrapeso político y humanitario en el norte de África.

Al trasladar la operación formal a suelo argelino bajo el amparo de la Asamblea General, se produce un cambio radical en las dinámicas de contención, el cual interactúa directamente con los siguientes instrumentos internacionales:

1. El efecto de contención: “Mapear” la violencia para frenar el avance

• Registro de hostilidades: Al desplegar observadores y personal en la frontera a petición de Argelia, la ONU actúa como un cordón de monitoreo. Si Marruecos decidiera avanzar militarmente más allá del muro de arena o ejercer violencia, esta, ya no ocurriría en una zona bajo “apagón informativo”, sino ante los ojos de un mandato formal de la Asamblea General.
• El escudo de la Cláusula Martens: Invocar este principio del derecho internacional humanitario es clave. La Cláusula Martens determina que, ante la falta de tratados específicos o el vacío de un mandato del Consejo de Seguridad, las poblaciones civiles nunca quedan desprotegidas, sino bajo el amparo de los “principios del derecho de gentes, las leyes de la humanidad y los dictados de la opinión pública”. Esto otorga legitimidad moral y jurídica internacional a la Asamblea General para exigir que no se ejerza violencia contra quienes decidan cruzar la frontera.

2. Éxodo voluntario y el modelo de “Cláusula de Caducidad”

• Jurisdicción vs. Protección: El mapa político se sinceraría de forma realista: el espacio controlado de facto por Marruecos quedaría bajo su estricta jurisdicción (asumiendo los costes políticos de la asimilación), pero la población saharaui que no desee someterse a ese dominio tendría una vía de escape segura hacia Argelia.
• Mandatos con cláusula de caducidad (Sunset Clauses): La propuesta de incluir cláusulas de caducidad en los mandatos de desarrollo y ayuda humanitaria en Argelia es el núcleo técnico de la solución. Evita perpetuar los campamentos de refugiados de forma indefinida y presiona a la comunidad internacional. Obliga a revisar periódicamente si las condiciones de desarrollo y retorno seguro han mejorado, impidiendo que la ONU asuma el coste financiero de un conflicto congelado para siempre.

3. El blindaje frente al veto: ONU80, A/RES/80/251 y ONU 2.0

El uso de estas herramientas modernas de gestión impide que Rusia, Estados Unidos o cualquier potencia bloqueen la ayuda humanitaria mediante el veto, ya que se ejecutan bajo los nuevos parámetros del sistema:

• Resolución A/RES/80/251 e Iniciativa ONU80: Al ampararse en el nuevo “Registro de Mandatos” y la modernización institucional de 2026, un despliegue de asistencia en Argelia se clasificaría como un mandato de alta eficiencia, optimizado mediante las auditorías de gestión de la Asamblea General. Al ser solicitado por el Estado soberano receptor (Argelia), entra en el presupuesto regular automatizado para la mitigación de crisis, quedando fuera del alcance del Consejo de Seguridad.
• Estrategia ONU 2.0: El despliegue se beneficiaría del enfoque ONU 2,0 de la Secretaría General. Al utilizar el “Quinteto de Cambios” (particularmente la previsión estratégica, la innovación y las herramientas de análisis de datos), la ONU podría gestionar de manera ágil el flujo de refugiados, coordinar la asistencia humanitaria con presupuestos reducidos y emitir alertas tempranas sobre la situación de seguridad en la frontera mediante análisis satelital y digital avanzado.

En definitiva, este esquema transforma una crisis de parálisis geopolítica (el fin de la MINURSO) en una operación de protección moderna en Argelia.

Desde luego; que no resuelve el conflicto político de la descolonización, pero cumple el objetivo primordial de Naciones Unidas, salvaguardar la vida humana, monitorizar el uso de la fuerza, buscar la paz, evitar un vacío absoluto de legalidad internacional y no quedarse estancada y obsoleta (Estructura de 1945) para poder frenar los riesgos y amenazas del siglo XXI.

Asimismo; esta opción, basada en las reciente reformas de la ONU impulsadas por Guterres servirán para evitar el colapso total de la seguridad en el norte de África y dar salida a la encrucijada legal de las empresas, la comunidad internacional —impulsada por España y la Unión Europea— quien tendría que promover urgentemente un Acuerdo Político de Transición tutelado por la Asamblea General de la ONU; este acuerdo, actuaría como un puente normativo interino mientras el Consejo de Seguridad permanezca paralizado por el veto.

En ese orden de ideas; integrando este nuevo elemento con los vectores analizados previamente, el escenario de contingencia global se estructuraría en los siguientes tres ejes de acción:

1. El Acuerdo Político de Transición (Vía Asamblea General de la ONU)

Este instrumento jurídico excepcional buscaría rescatar el espíritu de mediación internacional sin depender de los Cascos Azules [un.org]:

• Consentimiento explícito tripartito: El acuerdo requeriría la firma de Marruecos, Argelia y el Frente Polisario, bajo el auspicio de la Asamblea General y la legitimidad moral de la Cláusula Martens.
• La “Cláusula de Salvaguarda Comercial”: Para sortear el bloqueo del TJUE, el acuerdo establecería un fideicomiso o autoridad conjunta supervisada por la ONU [infocuria.curia.europa.eu].

Esto permitiría que un porcentaje directo de los cánones de pesca y explotación minera/agrícola en el Sáhara Occidental se destine a un fondo de desarrollo auditado para la población saharaui (tanto la que permanece bajo jurisdicción marroquí como la refugiada en Tinduf), otorgando la base legal de “consentimiento y beneficio” que exige la justicia europea [infocuria.curia.europa.eu].

• Ventana temporal restringida: El acuerdo no definiría el estatus final del territorio, sino que operaría con una estricta cláusula de caducidad (por ejemplo, 5 años) para obligar a las partes a negociar un tratado definitivo bajo la presión de que las exenciones comerciales y de seguridad expiren.

2. El despliegue humanitario digitalizado (ONU 2.0) en Argelia

Operando en paralelo al acuerdo de transición, la misión en Tinduf serviría como el garante de que el tratado se cumpla en el plano humanitario [un.org]:

• Auditoría del flujo de refugiados: La tecnología de la estrategia ONU2.0 permitiría registrar mediante sistemas biométricos y de datos a las poblaciones que opten por el éxodo voluntario desde la zona bajo control marroquí, garantizando que reciban la ayuda humanitaria de forma eficiente y transparente.
• Mitigación de la desconfianza militar: Las imágenes satelitales compartidas y los sensores fronterizos provistos por la ONU servirían para certificar que Argelia y el Frente Polisario no utilicen los campamentos de refugiados como bases de lanzamiento para ataques armados, reduciendo los pretextos de Marruecos para realizar incursiones transfronterizas con drones.

3. Activación de los planes de contingencia de Defensa (España / OTAN)

Mientras se negocia y ejecuta el acuerdo de transición, España mantendría su arquitectura de disuasión activada para evitar que el vacío de la MINURSO degenere en agresiones en sus fronteras:

• Coordinación con el Flanco Sur de la OTAN: España impulsaría en Bruselas la consideración de la estabilidad del Magreb como una prioridad estratégica para la Alianza. Aunque el Sáhara Occidental no está cubierto por el Artículo 5, cualquier ataque híbrido (interferencias masivas de guerra electrónica o uso de drones) que afecte el espacio aéreo o marítimo de Canarias, Ceuta o Melilla activaría los mecanismos de respuesta conjunta.
• Vigilancia del FIR de Canarias: El Mando Operativo Aeroespacial español mantendría el control estricto de la Región de Información de Vuelo. Cualquier vuelo de aeronaves militares no civiles en la zona de transición tendría que ser notificado bajo los nuevos parámetros del acuerdo político, utilizando los cazas Eurofighter para interceptar y disuadir violaciones del espacio aéreo de soberanía española.

PROSPECTIVAS Y ESCENARIOS

El curso de la crisis tras la extinción de la MINURSO se bifurca en tres escenarios geopolíticos probables:

Escenario 1: Conflicto abierto y escalada regional (Probabilidad: Alta)

Sin observadores de la ONU en el terreno, Marruecos consolida su jurisdicción sobre el 80% del territorio.

El Frente Polisario, sintiéndose abandonado por el multilateralismo, intensifica la guerra de guerrillas.

Esto arrastra a Argelia a una confrontación directa con Rabat, provocando una escalada bélica convencional en el norte de África con uso masivo de drones y sistemas de artillería pesada.

Escenario 2: Éxodo humanitario y contención tecnológica (Probabilidad: Media-Alta)

Se activa con éxito el despliegue humanitario bajo la tutela de la Asamblea General y la Unión Africana en Tinduf.

La población saharaui que rechaza el dominio marroquí ejerce una migración voluntaria hacia los campamentos bajo protección de la ONU.

Marruecos despliega sistemas de guerra electrónica (jamming) para intentar cegar los sensores digitales de la Estrategia ONU 2.0, pero la presencia internacional estabiliza la frontera bajo un formato de “paz negativa” [ONU 2.0].

Escenario 3: Acuerdo Político de Transición y Fideicomiso (Probabilidad: Baja-Media)

Una coalición internacional integrada por México, Brasil, Sudáfrica, Irlanda y Noruega logra aprobar en la Asamblea General un Acuerdo Político de Transición de cinco años [infocuria.curia.europa.eu].

Se crea un fideicomiso financiero auditado por la ONU que capta los recursos comerciales y de pesca de la región en disputa, beneficiando directamente a la población saharaui y a España, toda vez que este mecanismo otorga la cobertura legal exigida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), reactivando los sectores pesqueros de España (Canarias y Andalucía) y reduciendo las tensiones aduaneras [TJUE].

Sin lugar a dudas; la desaparición de la MINURSO marca el fin de una era de pacificación estática y abre una fase de alto riesgo geopolítico.

Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU está obligada a demostrar su relevancia institucional recurriendo a mecanismos alternativos como la Resolución “Unión pro Paz”, la Iniciativa ONU80 y la reciente Resolución A/RES/80/251 de la Asamblea General .

El despliegue de una misión de protección humana con base tecnológica en Argelia, respaldado por una coalición multilateral liderada por potencias del Sur Global como México y Brasil junto a la Unión Africana, representa el único dique de contención para salvaguardar los derechos fundamentales del pueblo saharaui y la estabilidad regional.

La supresión de la MINURSO exige una respuesta institucional de la Asamblea General de la ONU mediante mecanismos alternativos de paz, por lo que un despliegue humanitario y tecnológico en Argelia se presenta como la vía fundamental para estabilizar la región, salvaguardar los derechos saharauis y dotar de seguridad jurídica para España, ya que el diseño de este marco de transición es de seguridad nacional para los españoles, porque solo un acuerdo interino validado internacionalmente podrá rescatar a su sector pesquero español de la inseguridad jurídica del TJUE y blindar sus fronteras frente a las amenazas híbridas de la guerra electrónica y la presión migratoria.